- Estudios regionales muestran que el costo promedio de una brecha de datos supera los US$2,7 millones, mientras las regulaciones en países como Chile, Perú, Colombia y México elevan las exigencias de cumplimiento.
La digitalización acelerada en América Latina ha llevado a sectores como aerolíneas, clínicas, universidades, bancos, aseguradoras y empresas de telecomunicaciones a manejar volúmenes masivos de datos personales y sensibles. Sin embargo, este avance no ha ido al mismo ritmo que las capacidades de protección de la información, en un contexto marcado por un aumento sostenido de los ciberataques y por marcos regulatorios cada vez más exigentes.
Las cifras dan cuenta de esta brecha. De acuerdo con un estudio de Kaspersky, el 42% de las empresas en América Latina ha experimentado fugas de datos confidenciales en los últimos dos años, afectando información crítica de clientes, pacientes, estudiantes y usuarios. A ello se suma el impacto económico: según el Cost of a Data Breach Report 2024 de IBM, el costo promedio de una filtración de datos en la región alcanzó los US$2,76 millones, con un crecimiento interanual cercano al 12%.
El problema no se limita a la ocurrencia de los incidentes. El mismo informe de IBM advierte que una brecha de datos puede tardar más de 200 días en ser detectada y contenida, lo que amplifica las consecuencias financieras, regulatorias y reputacionales para las organizaciones. En casos de detección tardía, el impacto económico puede escalar por sobre los US$3,9 millones.
En industrias altamente reguladas, como la aeronáutica, la complejidad es aún mayor. Los datos de los pasajeros deben tratarse conforme a la regulación del país de origen de cada persona, muchas veces con alcance extraterritorial. Esto implica que, en un mismo vuelo, convivan distintas obligaciones legales sobre consentimiento, uso y resguardo de la información. “Las aerolíneas ya no pueden seguir gestionando la protección de datos con planillas Excel y un CRM. El volumen de pasajeros y la presión regulatoria exigen soluciones capaces de automatizar el cumplimiento y dar trazabilidad en tiempo real”, señala Luis González, Business Development Manager de la consultora Nubatech.
Cumplimiento normativo en la era del alto volumen de datos
El escenario regulatorio refuerza esta urgencia. En Chile la nueva Ley de Protección de Datos Personales entrará en vigor a partir de diciembre de 2026, obligando a todas las empresas que traten datos personales a adecuar sus procesos y sistemas. En paralelo, países como Perú, Colombia y México avanzan en marcos legales que fortalecen los derechos de los titulares y elevan las exigencias de control, trazabilidad y gobernanza de la información, siguiendo estándares inspirados en el GDPR europeo.
En la práctica, cuando una empresa gestiona millones de registros personales, el cumplimiento normativo ya no puede sostenerse con controles manuales o procesos aislados: requiere sistemas capaces de prevenir incidentes, monitorear el uso de la información y responder de forma automática.
A este contexto se suma el aumento de las amenazas digitales. Entre junio de 2023 y julio de 2024, se bloquearon más de 1,18 millones de intentos de ataques de ransomware en América Latina, lo que equivale a más de 3.200 ataques diarios, según reportes de seguridad regionales. La situación se ve agravada por el déficit de profesionales especializados en ciberseguridad, lo que limita la capacidad de respuesta de muchas organizaciones.
“Hoy la protección de datos dejó de ser un tema exclusivamente legal o tecnológico y se convirtió en un factor clave de continuidad operativa, confianza y reputación”, explica González.
Y concluye explicando que “Las nuevas leyes de protección de datos no están pensadas para organizaciones pequeñas o con bajo volumen de información. Están diseñadas para escenarios de alta complejidad y eso exige capacidades tecnológicas acordes. Sin sistemas que automaticen controles y evidencien cumplimiento, muchas empresas simplemente no llegarán a tiempo”.
En este contexto, para muchas organizaciones la discusión ya no es si invertir en tecnología para proteger los datos, sino cómo hacerlo a tiempo para cumplir con las exigencias legales que ya están entrando en vigor. En un entorno donde la información es uno de los activos más valiosos y también más expuestos, el desafío para las empresas en Latinoamérica es cerrar la brecha entre el crecimiento del uso de datos y la capacidad real de protegerlos.
