Empresas, especialistas y actores del sistema de justicia se reunieron en el 5° Encuentro de Seguridad Empresarial (ESEM) 2026, organizado por Hub Líderes de Seguridad, instancia en la que se abordaron los principales desafíos que enfrenta hoy la seguridad corporativa en Chile. ALTO, firma con más de 20 años de trayectoria en la prevención y persecución de delitos contra empresas, participó como una de las cuatro compañías expositoras de la jornada.
En su intervención, el gerente legal de ALTO, Eduardo Hernández, centró su diagnóstico en un problema estructural: la actuación aislada de las instituciones que participan en la investigación y persecución de delitos que afectan a las empresas.
«Uno de los diagnósticos que hemos evidenciado durante el último año es que los actores institucionales actúan sobre la base de silos, de manera independiente, con escasa comunicación y transferencia de información entre ellos. A eso se suma la ausencia de un marco normativo que permita establecer líneas claras de coordinación interinstitucional», señaló Hernández.
Según el abogado, este escenario impacta directamente los tiempos de tramitación de las causas. «Ese escenario hace que el sistema tenga mayores desgastes y que los plazos se amplifiquen, a lo que se suma la sobrecarga de las agendas de los tribunales», explicó.
Hernández describió el actual contexto como una «tormenta perfecta»: «Los actores institucionales a cargo de la investigación y la persecución penal tienen problemas de transferencia de información, tienen sobrecarga de trabajo y, a eso, se suma la situación que enfrentan los tribunales de justicia». Para el ejecutivo, esta combinación de factores no solo alarga los procesos, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones, al traducirse muchas veces en la falta de resultados concretos.
Un vacío legal por resolver
El gerente legal de ALTO fue enfático en señalar que el país cuenta hoy con un marco normativo disperso, pero sin una ley que articule a los distintos organismos involucrados en la persecución penal. «Hoy existen las leyes orgánicas del Ministerio Público, de Carabineros y de la PDI, además del marco constitucional y los códigos Penal y Procesal Penal, pero ninguno de esos cuerpos legales se encarga de establecer una línea conductora para poder coordinarlos a todos», indicó.
Por lo mismo, planteó como principal medida correctiva impulsar una agenda legislativa que incorpore una ley de coordinación interinstitucional, que permita ordenar el flujo de información entre el Ministerio Público, las policías y los tribunales.
El gerente legal de la firma enfatizó en la eficacia y en el poder que tienen los datos con el fin de lograr penas efectivas. No obstante, precisó que el problema no radica en la falta de información, sino en cómo esta se comunica entre los organismos. «El problema no es de datos, es de comunicación. Cuando el Ministerio Público encarga una investigación a una unidad policial, muchas veces la instrucción no incluye información de contexto, y esa carencia hace que la policía deba investigar casi a ciegas», afirmó.
En la oportunidad además, ALTO anunció la realización del seminario “El Estado ciego: Datos, crimen organizado y confianza pública”, que la firma organizará junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, el cual se llevará a cabo el próximo 8 de octubre. Este encuentro tiene como objetivo analizar en profundidad el rol clave de los datos en el combate contra el crimen organizado y potenciar la colaboración público-privada.
